Las restricciones afectan a altos dirigentes de la UE, incluidos varios comisarios europeos y jefes militares del bloque, así como a la gran mayoría de los diputados del Parlamento Europeo que promueven la política antirrusa.
La 'lista negra' recíproca incluye también a altos funcionarios, entre ellos representantes de los gobiernos y parlamentos de algunos países miembros de la UE, así como a personalidades y profesionales de los medios de comunicación que son "personalmente responsables de promover sanciones ilegales contra Rusia, de incitar los sentimientos rusófobos y de vulnerar los derechos y libertades de la población de habla rusa".
"Tratando de presentar a nuestro país como responsable de una crisis sistémica de la seguridad europea, los funcionarios europeos de Bruselas se niegan a reconocer que durante años han consentido el fortalecimiento del sentimiento rusófobo y neonazi en Ucrania, su militarización y su incorporación a los esfuerzos de la OTAN para contener militarmente a Rusia", se indica en el comunicado.
El Ministerio de Exteriores señala que, pese a los reiterados llamados de Moscú, los dirigentes comunitarios permitían que el régimen de Kiev "sofocara el habla rusa en Ucrania" y "saboteara los acuerdos de Minsk" sobre la resolución del conflicto en Donbass, pasando por alto la eliminación sistématica de civiles en esa región.
El Ministerio subrayó que cualquier nueva acción hostil por parte de la UE y de sus Estados miembros "seguirá recibiendo respuestas duras".
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